Ni tanto ni tan calvo

Les adjunto hoy la editorial de EL PAIS -en primer término- y la de EL MUNDO en segundo. Que cosas tiene el periodismo, que manera de contar la misma historia de dos formas diferentes. Y tanto.

EDITORIAL

Por la vía rápida

El procedimiento penal resulta más eficaz para impedir la participación electoral de ANV

09/02/2008

El juez Garzón suspendió ayer cautelarmente a PCTV y ANV, partidos para los que pidió el voto la ilegalizada Batasuna en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Durante tres años no podrán presentarse a las elecciones, ni mantener actividad orgánica, pero ello no implica la pérdida de su condición de diputados autonómicos o concejales adquirida en su día por los candidatos electos. La decisión de Garzón se inscribe en el marco de la investigación penal en curso sobre ambas organizaciones (por su vinculación con el complejo dirigido por ETA), ahora integrada en un sumario común con la iniciada en octubre pasado sobre la dirección de Batasuna (a raíz de la detención de varios de sus miembros en Segura).

En ese sumario están imputados 38 dirigentes de Batasuna (por integración en organización terrorista) y 17 de ANV y PCTV (por colaboración). La existencia de tales imputaciones personales era imprescindible para que pudieran aplicarse medidas cautelares en un proceso penal. Sostiene Garzón que no se trata de ilegalizar a tales partidos, sino de impedir la continuidad de un delito de esos dirigentes: permitir su instrumentalización por parte de Batasuna.

La Sala Especial del Tribunal Supremo corroboró la decisión de Garzón al suspender las candidaturas de ANV, con lo que le impide presentarse a las elecciones del 9-M, además de bloquear la entrega de dinero público a esta formación y al Partido Comunista de las Tierras Vascas.

La decisión de Garzón es coherente con las razones que determinaron en su momento la suspensión de Batasuna: los tribunales ya dieron por probada su integración en un entramado dirigido por ETA; ahora se dilucida la puesta de los dos partidos encausados a disposición de ese entramado, cuyo mando supremo decidió atentar ayer contra una sede judicial; es el tercer atentado de este tipo desde que se abrieron nuevas diligencias contra los intentos de dar continuidad a Batasuna. Los propios terroristas ilustran así su pretensión de complementariedad entre política y terrorismo por la que Batasuna fue puesta fuera de la ley.

Carece por ello de lógica la reacción del Gobierno vasco, equiparando burdamente (tras afirmar que no lo pretende) la actitud de ETA y la de quienes tratan de sacar de la competición democrática a su brazo político. Como afirma Garzón, no son las ideas independentistas (hay partidos legales que lo son) sino la colaboración con ETA lo que determina la suspensión. Igualmente incomprensible resulta la actitud del PP: en lugar de felicitarse porque ocurra lo que venía diciendo que debía ocurrir, pone cara de Doña Cuaresma para quejarse de que no haya ocurrido antes. Tal vez el Gobierno pudo instar antes las medidas que han puesto en marcha el proceso de suspensión-ilegalización, pero al menos que no parezca que lamentan que ello haya ocurrido finalmente a tiempo para evitar que ANV presente listas el 9 de marzo.

Pues efectivamente, ni tanto, ni tan calvo. No se puede felicitar EL PAIS por la actuación del gobierno, con tintes claramente electoralistas, ya que se produce tarde y de forma atropellada y algo chapucera. Igualmente, tampoco está bien cargar las tintas cuando la decisión es acertada aunque extemporánea.
Más cinismo tiene EL PAIS cuando afirma que el TS le da la razón al Sr. Garzón, quien había suspendido la actividad política de ambas formaciones. En la línea con lo comentado en www.sinlavenia.com, es correcta la decisión de no facilitar dinero público o que sean nuestros representanes asesinos confesos; de ahí a penalizar las ideas hay un trecho, que el Alto Tribunal ha sabido recoger, a diferencia de lo sucedido con D. Baltasar.

Editorial

EL SUPREMO SACA LOS COLORES A ZAPATERO Y A SU JUEZ DE CABECERA

La llamada Sala del 61 compuesta por la elite de la magistratura del Tribunal Supremo desnudó ayer ante la opinión pública tanto al Gobierno como al oportunista Baltasar Garzón al denegar la suspensión de las actividades del PCTV y ANV que el Ejecutivo había solicitado a uña de caballo y el juez estrella de la Audiencia Nacional se había prestado a dictar por su cuenta. La decisión de los magistrados del Supremo no ha podido ser más sabia pues incluye en cambio la anulación de las listas electorales de ANV -únicas que presentan los proetarras- y el bloqueo de las subvenciones públicas que una y otra formación reciben. Es decir, sí a impedir que ETA continúe ampliando su presencia en las instituciones y financiando sus actividades terroristas con cargo al erario; no a compensar tres años de pasividad gubernamental, suspendiendo un derecho tan fundamental como el de asociación política a través de unas medidas cautelares tomadas deprisa y corriendo en vísperas de una campaña electoral. El doble mensaje está bien claro. En primer lugar, si el Gobierno hubiera querido haría tiempo que con las pruebas disponibles tanto el PCTV como ANV estarían no suspendidos sino ilegalizados, pero el Estado de Derecho tiene sus reglas. En segundo lugar, no todos los jueces españoles tienen la caradura y falta de escrúpulos de Garzón. Desde el punto de vista procesal se crea ahora un conflicto entre el criterio del Supremo y el de este amanuense gubernamental que ayer por la mañana dictó un auto suspendiendo a ambas formaciones por tres años. Se trata claro está de una decisión recurrible por lo que prevalecerá el criterio del tribunal superior. Para más inri Zapatero, su ministro Bermejo y su fiscal Conde-Pumpido no sólo quedaron ayer en evidencia en el plano jurídico ya que uno de los datos incluidos en las alegaciones del abogado del Estado constituye todo un escándalo político. Asier Bengoa, uno de los etarras implicados en el asesinato de dos guardias civiles en Capbreton (Francia) el pasado 1 de diciembre, fue apoderado de ANV en las elecciones municipales de abril de 2005. Es evidente que el Gobierno disponía de esta información desde el mismo momento en el que el etarra fue detenido, hace más de dos meses, aunque no la comunicó a la opinión pública. Se trata, sin embargo, de un dato tan elocuente como embarazoso que vincula a ANV ya no sólo con Batasuna, sino directamente con ETA. Era público -como hemos demostrado en muchas informaciones- que las Fuerzas de Seguridad habían dado al Gobierno suficientes datos de las conexiones del PCTV y ANV con ETA como para pedir su ilegalización, o al menos impugnar sus candidaturas. El hecho de que se autorizaran la mitad de las listas permitió en la práctica que ETA se presentara a las elecciones y nada lo prueba de forma más siniestra que encontrar a sus pistoleros haciendo de apoderados. En cualquier democracia seria, eso tendría consecuencias electorales fulminantes para el Gobierno